RSU
El Ministro de Educación y el Secretario de Relaciones Institucionales de la Provincia de Córdoba se reunieron con las organizaciones sociales que integran la Mesa Provincial. Representando a la UCC, asistieron el rector Rafael Velasco sj y la vicerrectora de medio universitario, Daniela Gargantini.
En el marco del proyecto de RSU Monitoreo social y ciudadano del financiamiento educativo. Diálogo intersectorial en Córdoba, el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac, y el secretario de Relaciones Institucionales, Carlos Sánchez, recibieron a la Mesa Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Monitoreo del Financiamiento Educativo.
El proyecto está coordinado por Esteban Cocorda y Marcelo Vitarelli, docentes de la Facultad de Educación de la UCC, donde radica la iniciativa que es parte de una experiencia nacional promovida por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE).
La reunión de incidencia pública, que tuvo lugar el 26 de mayo y en la que participaron 15 organizaciones que componen la Mesa Provincial, se realizó como consecuencia de las acciones de incidencia pública que el proyecto viene efectuando para monitorear el cumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo Nº 26.075 —que establece alcanzar el seis por ciento del PBI en 2010— en el ámbito de la provincia de Córdoba así como los programas presupuestarios del Ministerio de Educación Provincial.
En este contexto, la Mesa Provincial se mostró como espacio colectivo de trabajo y presentó ante el Ministro el anteproyecto de ley de financiamiento educativo con vistas al tratamiento y a la aprobación del Congreso Nacional para el período 2011-2020. Una de las propuestas es llegar al 7,5 por ciento del PBI destinado a Educación en 2020. Este encuentro posibilitó conocer las decisiones de política educativa y la posibilidad de un fructífero diálogo Estado-sociedad civil que permitirá materializar acciones sugeridas en el plan de trabajo de la Mesa, como acceso a la información pública, mayor transparencia en la gestión pública educativa, un mayor ejercicio democrático de diálogo social y ciudadano sobre los recursos destinados al sector, participación conjunta en capacitaciones con especialistas, reuniones de trabajo con funcionarios y técnicos de planta, entre otros aspectos.
