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El nombre de universidad, desde su etimología universitas, marca el sentido y la función de una institución educativa: un escenario formativo donde existe lo universal, lo diverso, lo múltiple. Diversidad de disciplinas, de saberes y de profesiones; circulación diferente y múltiple de reflexiones, pensamientos, concepciones y paradigmas; un campo complejo que, a través del conocimiento más avanzado, se moldea entre tensiones y conflictos de intereses y de poder; personas diferentes, que piensan, estudian, sienten y buscan respuestas para un mundo cada vez más cambiante.

(...)La universidad es un pequeño universo. Es una institución poderosa y privilegiada: poderosa en tanto que en ella circula el conocimiento de más alta calidad, lo que le permite estar en el centro del desarrollo económico y cultural; y privilegiada en la medida en que puede albergar, en su propia unidad, la multiplicidad de nuestro mundo: pequeñas partes de él han podido convivir en ella a lo largo de los siglos.
Como parte sustantiva de la educación superior, es la base indiscutible para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa que, trabajando para el desarrollo del pensamiento crítico y de la ciudadanía activa, contribuya eficazmente al logro del desarrollo sustentable, la paz y el respeto de los derechos humanos. Es menester que favorezca estrategias que tiendan a superar o, al menos a disminuir, el crecimiento de las de-sigualdades en términos de pobreza y marginalidad. Para ello, debe actuar y trascender sus propios muros, propiciando un paradigma académico que se caracterice por estudiar los problemas en sus contextos, impulsando el valor social del conocimiento y el respeto a la dignidad humana y a la diversidad cultural, creando espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente con los más postergados.
La autonomía de la que goza es un derecho y también una condición necesaria para garantizar la libertad académica, pero es esta misma autonomía la que le exige cumplir su misión con calidad y rendir cuentas a la sociedad de sus acciones en beneficio de todas las personas.
Su cualidad de universal la compromete con la diversidad y con la inclusión, pues tanto lo que cambia como lo que permanece —es decir, lo diverso— forman parte de este universo que es la universidad.
Una institución inclusiva es aquella que, aceptando las diferencias como una riqueza, se piensa a sí misma y mira a su alrededor para responder a las necesidades y requerimientos de todos a través de aquello que le es propio y la define: el conocimiento que en ella se trasmite, produce y transfiere. Así, interviene para mejorar la comprensión del mundo del que todos formamos parte y en el que la exclusión y la discriminación atentan, a diario, contra los derechos humanos.
Todas las instancias de debate nacional, regional e internacional1 exhortan a las instituciones de educación superior a profundizar en políticas de equidad que incorporen el reconocimiento de la diversidad, para favorecer no sólo el acceso sino también la permanencia de todos los estudiantes en condiciones equitativas. Hoy, más que nunca, cuando las amenazas de exclusión son cada vez más intensas, la universidad tiene la responsabilidad social de promover y de hacer efectiva la tolerancia, el espíritu de solidaridad y de cooperación; de generar oportunidades de acceso para quienes no las tienen, y de construir las estrategias que garanticen una permanencia de calidad para todos los estudiantes.
El plan de acción de la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (Cres 2008) afirma la noción de calidad vinculada con la pertinencia y con la inclusión social. Asimismo, recomienda ampliar las políticas de inclusión para el ingreso y diseñar programas de apoyo, a los efectos de construir mayor equidad, disminuir la deserción y mejorar el desempeño de todos los alumnos. Además, insta a implementar, como parte de los planes institucionales, acciones para la incorporación y permanencia de personas con discapacidad, con escasos recursos, trabajadores y otras poblaciones vulnerables.
Entonces, la propia universidad, a través de políticas y de actores concretos, es la responsable de posibilitar la igualdad de oportunidades para todos sus miembros. Esto supone elaborar normas afirmativas y diseñar programas permanentes para conseguir este objetivo.
El respeto a la dignidad y a la igualdad son principios que orientaron y orientan la misión de nuestra Universidad a lo largo de su historia. Con firme compromiso y con distintos matices, ha incorporado la valoración de la diversidad y el objetivo de la inclusión en los planes institucionales. Al entender la educación por aquello que es en esencia, especial en contexto y personalizada en todos los casos, asume el reconocimiento de diferentes grupos de personas muchas veces estigmatizados de distintas maneras.
Así, es una de las primeras universidades en diseñar programas de trabajo en conjunto con el Sistema de Educación Superior No Universitaria, en una época en la que la articulación no había alcanzado la importancia que hoy tiene para la integración del Sistema de Educación Superior. Se ofrecieron planes de estudios flexibles que permitieron y permiten la inclusión a la Universidad; se dispusieron docentes y técnicos profesionales para la adquisición del título de grado; se posibilitó el ingreso de alumnos de escasos recursos económicos, construyendo espacios que, desde los antiguos “préstamos de honor” al actual Programa de Becas Solidarias, han dado respuestas positivas a las exigencias de ingreso a la Universidad.
Hoy, la UCC cuenta con un sistema de becas que, con distintas modalidades, proyecta alcanzar cada vez más estudiantes; genera dispositivos destinados al acompañamiento académico, en la búsqueda de la permanencia y del buen desempeño de los alumnos a través de la orientación y del aprendizaje; promueve instancias de formación docente con el objetivo de implementar modelos educativos con estrategias didácticas inclusivas para disminuir el fracaso estudiantil y acrecentar los niveles de permanencia conservando la calidad. La Institución entiende la formación integral de sus miembros a partir de la ciencia, la conciencia y el compromiso, desde la opción por los pobres y por la justicia; planifica acciones para asegurar la accesibilidad física, eliminando las barreras arquitectónicas.
También ha conformado la comisión transitoria de apoyo a la inclusión educativa de personas con discapacidad, con el objetivo de establecer acuerdos y proponer planes orientados a apoyar la integración en el ámbito universitario. Si bien la creación de una comisión no resuelve por sí sola los problemas cotidianos, se produce un cambio significativo en la medida en que hay algo que puede ser nombrado y que puede ser tratado en el debate universitario.
Estas acciones muestran la preocupación que ha tenido y tiene nuestra Universidad por construir, asegurar y seguir proyectando políticas inclusivas en diálogo con las necesidades de cada tiempo. Sin embargo, continuamos en deuda con la inclusión, una deuda que se hace cada vez más intensa en todas las instituciones de educación superior como efecto de un mundo cada vez más desigual e indiferente. Por ello, que no podemos renunciar a plantear de manera permanente, en el seno de nuestra institución, un complejo debate para romper con la visión homogeneizadora de la sociedad y de la educación, asumiendo la educación inclusiva como postura ética de respeto a los derechos humanos.
Las personas somos iguales en dignidad, libertad y derechos. Aquellas características que nos hacen distintos enriquecen la diversidad en esta sociedad cada vez más compleja. Respetar y valorar las diferencias en todas sus formas: etnia, ideología, características personales, opciones de vida, sexo, edad, nos permitirá reconocernos como distintos, pero no distantes. Así, podremos construir, por los más variados caminos, una sociedad inclusiva, más justa y más solidaria.

1.Ley de Educación Superior 24.521 (1995) y su modificación por ley 25.573 (2002); I Seminario Regional sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2005); Ley Nacional de Educación 26.206 (2006); Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2008); Conferencia Mundial de Educación Superior (2009); Encuentro de Senadores de América Latina y el Caribe (2009); VII Congreso Internacional de Educación Superior (2010). *Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista en Docencia Universitaria. Secretaria de Pedagogía Universitaria de la UCC y docente e investigadora de la Facultad de Educación.